Los celulares robados y su forma de combatir este flagelo
¿Sabia usted que el congreso de la república de Guatemala emitió en el año 2007 la Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtada y que esta ley, a pesar de las intenciones no tiene dientes ni manos?.
El problema:
Ahora, un delincuente le robo su celular y lo lleva a vender a alguno de los sitios conocidos, como los alrededores del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias”, donde en mesitas, se pueden observar docenas de celulares de todo tipo, de última tecnología, antiguos, de todas las empresas de telefonía, etc.
Llega un grupo de policías y se recoge los aparatos, más no puede individualizar la acusación contra los responsables, que huyen o que en caso de ser apresados, son dejados rápidamente en libertad al no existir persona o entidad que pruebe que los aparatos en venta son robados.
Los teléfonos celulares se van al almacén judicial y punto, no hay más que hacer.
Posibles soluciones usando esta ley 09-2007
Esta ley, en su art. 4, ordena a las empresas de telefonía (operadores) llevar un estricto control de los aparatos robados y publicarlos por medio de una lista negra y señala que quienes “flasheen” los celulares tienen una multa de entre Q.25 mil a Q.50 mil y además señala que se debe encarcelar a los responsables de estos hechos.
Pero un policía solo podría probar que un celular ha sido robado, si tuviera el listado en mano de los aparatos robados y eso no es así.
En el sitio web de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala se incluye un link para que el usuario verifique si el aparato es robado, pero el proceso, según la ley, debiera desactivarse la operatividad de estos teléfonos, para que ninguna empres los pueda activar, esa es la esencia de la ley y por ello es que se consigna el numero de Número de Identidad de Equipo Móvil Internacional (IMEI por sus siglas en ingles).
En todo caso, los operativos para recuperar los teléfonos robados debieran ser acompañados por personal del Ministerio Público y de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a fin de individualizar la acusación a los poseedores de los celulares robados, ya sea porque los robaron a mano armada, porque hirieron o mataron al dueño o porque se uso para cometer otros delitos como extorsión, secuestro, amenazas, etc.
La otra solución, la que correspondería a la PNC
La población, el ciudadano le afecta el delito de alta visibilidad, robo de celulares, robo del radio del carro, la venta y consumo de licores en tiendas de barrio, etc.
Para minimizar estos casos que afectan la calidad de vida, la PNC debiera de realizar operativos diarios de recuperación de celulares y radios en los sitios donde se venden y junto a la SIT acudir a los sitios donde se “flashean”, ya que incluso en los periódicos se anuncian cursos para capacitar a “flasheadores” contradiciendo la ley, tal el caso de este anuncio publicado en la sección de anuncios clasificados de Prensa Libre, página 7, de fecha 12 de Noviembre de 2,010.
De esta manera los ladrones tendrían que buscar otras formas para deshacerse de los aparatos mal habidos, ya que los vendedores no estarían dispuestos a perder dinero diariamente
Además, se debe tener control de las ventas de Chips o tarjetas SIM, ya que de las tres empresas que operan en nuestro país, una las vende a Q.25 y las otras dos a Q.50 cada una y activándola con Q.10 se logra tiempo-aire por Q.50, sin factura, sin control y sin preguntar a quien se le vende, estos precios pueden verificarse en puestos callejeros y otros lugares en la zona 1.
Otra de las soluciones al problema sería que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) exija que los Chips o SIM y los celulares se vendan con factura y se verifique por medio de la presentación de un documento de identidad que se extiende factura y se entrega el dispositivo a una persona debidamente identificada, con estos datos la SAT y la SIT pueden empezar el proceso de elaboración de una base de datos sobre quien tiene cual número telefónico.
Además en la mayoría de esquinas se venden las tarjetas de recarga sin que se emitan facturas o se lleven controles similares, lo que, si bien facilita la prestación del servicio, también sirva para evadir el pago del IVA y mantener los controles que en estos momentos son necesarios para la seguridad de las personas.
En otros países, como México, se ha intentado realizar controles empezando por los teléfonos en uso, pero por la cantidad es tan gran que ha resultado técnicamente imposible.