Las leyes y tratados son Normas y acuerdos que los estados miembros de la Sociedad Internacional efectúan para tener una relación formal en diversas aéreas de interés. Son importantes en las Políticas Exteriores de los países y a su vez forman parte del Derecho Internacional.
“Los artículos IX (9) de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas aprobadas y ratificadas por el Estado de Guatemala, ordenan que este deberá crear el delito de enriquecimiento ilícito, por medio del cual se sancione el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
En su editorial de fecha 3 de marzo de este año 2,010, El Periódico señalaba un caso de retroceso.
“Los artículos IX (9) de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas aprobadas y ratificadas por el Estado de Guatemala, ordenan que este deberá crear el delito de enriquecimiento ilícito, por medio del cual se sancione el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos existe en casi todas las legislaciones del mundo civilizado. Su objetivo es impedir que los funcionarios públicos, a base de sobornos, comisiones derivadas del tráfico de influencias y exacciones ilegales, se enriquezcan en el ejercicio de sus cargos.
En la legislación guatemalteca, existía el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, pero fue suprimido durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000)”.
En la actualidad se discute en el Congreso de la República de Guatemala, un anteproyecto de ley que integra, en parte, ese espíritu referente al enriquecimiento ilícito, la denominada “Ley de Extinción de Dominio”, que aunque muchos las vinculan con el narcotráfico y lavado de dinero, a muchos les preocupa su aplicación en otros ámbitos de la vida nacional y específicamente de personajes políticos, públicos y particulares que han amasado fortunas y bienes sin poder explicar o sustentar su legitimo y honorable origen.
En Septiembre recién pasado, el gobierno de Estados Unidos (por medio de su embajador) y el Congreso (por medio de su presidente) firmaron un convenio por medio del cual Estados Unidos apoyará al Legislativo en la emisión de leyes por la transparencia y contra la corrupción.
La actual legislación nacional es débil en cuanto a la persecución de personas y entidades privadas o públicas que hayan obtenido bienes, dinero o beneficios provenientes de fuentes dudosas, incluyendo a los partidos políticos que ya se gastan un dineral en campaña no autorizada.
Con Ley de Extinción de Dominio se podría determinar las fuentes de esos financiamientos y condenar a los responsables de violarla.
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